Imagen © Francesco Ungaro (Pexels)
Hace tiempo que las noticias hablan de “inmigración ilegal” y ésta, pese a la pandemia, sigue siendo uno de los temas candentes y que ocupan portadas y telediarios a diario. La sociedad, a menudo, olvida que las personas que migran en realidad huyen de desigualdades económicas, de violencia, de crisis climática y de represiones políticas en sus países de origen, por nombrar sólo algunos motivos. En respuesta a esta situación, los gobiernos de todo el mundo en alianza con el sector privado han decidido protegerse de lo que consideran una amenaza. Y lo hacen desde hace años a través de diferentes herramientas para vigilar sus fronteras. Lo que hoy llamamos smart borders o fronteras inteligentes es un paso más en el control de las personas que migran por parte de los gobiernos y la administración. Ahora también con el uso de la tecnología como instrumento principal al servicio de los cuerpos policiales.
Desde el Immigrant Defense Project’s Surveillance, junto con la colaboración de entidades como la Tech & Immigration Policing Project y el Transnational Institute, han publicado Smart Borders or a Humane World, un extenso informe en el contexto de la frontera sur de los Estados Unidos. El documento recoge detalladamente el funcionamiento de las fronteras digitales, ejemplos de su aplicación en los estados de Arizona y Mississippi, y el testimonio de personas afectadas. A continuación resumimos algunos puntos destacados del informe.
Fronteras inteligentes, ¿cómo se ha llegado a esta situación?
Tras el 11-S y bajo el temor a un nuevo ataque similar, el gobierno de Estados Unidos empezó a diseñar una serie de tecnologías relacionadas con la vigilancia ciudadana que se extiende hasta la actualidad. Se trata de una práctica en plena expansión allí, pero también en lugares como la Unión Europea, Turquía e Israel. Se llaman fronteras inteligentes a aquellas que vigilan y monitorean tecnológicamente a aquellas personas indocumentadas con el uso de cámaras, drones, datos biométricos y sensores de movimiento. La razón de su securitización es, supuestamente, hacer más “efectivas” las fronteras, disuadir la inmigración irregular y monitorear a personas migrantes. Otras herramientas que se han añadido son, por ejemplo, los monitores electrónicos de tobillo que se les pone a las personas solicitantes de asilo y a las que están bajo una estricta vigilancia.
Con la llegada en 2021 de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se firmó la prohibición de continuar con la construcción del muro que separa el país de México, esperando que la alternativa a Trump irrumpiera con políticas “más humanas” en materia de política migratoria. Sin embargo, como apunta el informe, el resultado ha sido más bien al contrario, ya que con Biden se han intensificado los controles de sus fronteras con el uso de tecnología. Hoy en día parece que las fronteras físicas han dejado paso a las digitales.
Consecuencias de la digitalización de las fronteras y reivindicaciones de las organizaciones de DDHH
El objetivo de cualquier política de frontera es controlar a las personas que intentan atravesarla y negarles la entrada al territorio. En el caso estadounidense, se ha visto además que está en auge la industria relacionada con el monitoreo de personas y una creciente persecución a las personas migrantes. Por otro lado, el informe Smart Borders or a Humane World apunta que a través de los medios de comunicación la sociedad está siendo testigo de cómo se han separado familias y comunidades creando estrés postraumático en las personas que lo han padecido. Este trastorno afecta tanto a personas que han sido devueltas a su país de origen como a aquellas que han conseguido vivir en suelo estadounidense.
En los últimos años, se ha detectado un mayor número de muertes en la frontera con México ya que muchas personas escogen ir por rutas más peligrosas para superar la vigilancia exhaustiva. Se ha observado también que, durante la pandemia del COVID, parte de los trabajadores esenciales para la economía nacional estadounidense eran personas migrantes en situación irregular. Justo en ese momento, se les criminalizó todavía más y las desigualdades económicas se acentuaron.
El informe subraya, por último, las demandas de grupos en defensa de los derechos de estas personas, como pueden ser los colectivos de Mijente y Just Future Laws. Su objetivo es desmantelar los sistemas de vigilancia actuales y el control a la inmigración. Entienden que es importante reimaginar el sistema completamente, crear nuevas condiciones que permitan a las personas vivir en su tierra y asegurar la libertad de movimiento. En conclusión, lo que piden estas organizaciones es que las personas puedan tener una vida normal y segura.
