#DFF Protección contra la privatización de la Seguridad Social en Sudáfrica

Imagen © cottonbro de Pexels

Sudáfrica, pese a un ligero crecimiento económico, todavía se enfrenta desde hace años a pobreza, desigualdad y paro. Son problemas que sufren millones de habitantes y que el país, a través del Organismo de la Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA), intenta paliar. Algunas de las funciones de este departamento son informar y velar por el cumplimiento de las leyes establecidas. En 2012, la SASSA firmó un contrato de cinco años con Cash Payment Services (CPS), una empresa privada que se encargaría de digitalizar y pagar las ayudas sociales a quien lo necesitara. 

En una nueva edición de los conversatorios del Digital Freedom Fund y, con motivo del encuentro Taking Digital Welfare Systems to Court, Hoodah Abrahams-Fayker explicó qué es lo que supuso la digitalización de las ayudas para la población sudafricana. Ella es la National Advocacy Manager de Black Sash, una organización que lucha por los derechos humanos en Sudáfrica. Junto a ella, moderaba Kuda Hove, Policy Officer de la Privacy International.

¿Cómo funcionaba el pago de las ayudas sociales?

Desde un inicio, la licitación de CPS fue tildada de inconstitucional al detectarse irregularidades en el proceso. Aún así, el gobierno siguió adelante ante la “necesidad urgente de proveer a la población de ayudas sociales”. Desde que se implementó el sistema, los beneficiarios de las ayudas empezaron a reportar problemas. 

En la conversación entre Abrahams-Fayker y Hove, se explica el caso de una pensionista que en 2013 denunció que a su cuenta corriente nunca llegaba la totalidad del dinero que cada mes debía recibir en concepto de pensión. Esta situación llegó a producirse hasta ocho veces. En todas ellas, tras preguntar a su oficina local de pagos del CPS, le comunicaron que desconocían el por qué de su situación pero que, probablemente, había algún familiar que le quitaba esa cantidad mensualmente. Se calcula que 17 millones de personas sufrieron este tipo de deducciones.  Además, para realizar estas reclamaciones, las personas afectadas debían trasladarse a la oficina más cercana, lo que suponía tener que gastar tiempo y dinero de su propio bolsillo

Por otro lado, había otras razones por las cuales el modelo del CPS no era del agrado de la ciudadanía. Se vendía como una tarjeta de pago fácil, barata y con ciertas comodidades crediticias. Aún así, las condiciones bancarias no estaban escritas en el idioma de los futuros beneficiarios, cosa que dificultaba entender los acuerdos a los que se llegaban. Nunca tuvieron en cuenta que en Sudáfrica hay nueve idiomas oficiales y una baja tasa de alfabetización por lo que el lenguaje debería haberse adaptado a las necesidades de las personas interesadas en el sistema. Además, CPS contaba con información bancaria y biométrica de todos los clientes que a su vez vendía a otras empresas como prestamistas, aseguradoras y servicios bancarios para móviles.

Reivindicaciones del Black Sash

La organización de Hoodah Abrahams-Fayker solicitó que se dejaran de realizar deducciones monetarias sin la autorización de los beneficiarios y que dejaran de recoger sus datos biométricos. Para ellos fue importante tejer una estrategia de colaboración con otras organizaciones que trabajaban sobre el terreno, revisar cuál era el proceso de licitación y conocer los proveedores que formaban parte de ella ya que, en muchas ocasiones, la licitación era menos transparente de lo que debía ser.  

Por suerte, los juzgados instaron a la SASSA a buscar una alternativa al modelo del CPS. El Tribunal Supremo vio la necesidad de actuar con urgencia ya que esta situación afectaba a un 20% del país. A pesar de esto, en 2017 se solicitó que el programa del CPS siguiera en funcionamiento ya que no había un plan alternativo. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre la SASSA y el servicio de correos sudafricano para crear un modelo híbrido que asegurara que no hubiera deducciones previas a la entrada del dinero en la cuenta bancaria. El sistema resultó ser todo un acierto.

La pandemia, ¿excusa para acelerar la digitalización de las ayudas?

Algo que comentó también Abrahams-Fayker fue que, durante los primeros meses de pandemia del COVID, el gobierno aprovechó para digitalizar ayudas sociales y transacciones monetarias de todo tipo. Uno de estos casos fue el de las ayudas a las personas en paro, ayuda que sólo podía solicitarse online. Más de 8 millones de personas se beneficiaron, pero esta cifra se considera muy escasa ya que en el país hay un total de 40 millones de desempleados. Abrahams-Fayker recalcó la importancia de valorar el número de personas que podrían beneficiarse de la digitalización frente a aquellas que quedarían excluidas, ya que podría aumentar la vulnerabilidad de aquellas personas que no tienen acceso a internet. 

Por último, consideró importante escuchar las voces de las organizaciones de la sociedad civil, pero todavía más la de los beneficiarios ya que son ellos quienes viven en primera persona estas experiencias.

Aquí podéis acceder a la intervención de Hoodah Abrahams-Fayker en la Digital Freedom Fund.a la intervenció de Hoodah Abrahams-Fayker en la Digital Freedom Fund.

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